La primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia ha propiciado una histórica victoria de la extrema derecha que el próximo domingo, 7 de julio, puede plasmarse en una mayoría en la Asamblea Nacional. Será en la segunda vuelta cuando se repartirán los 577 diputados y la fuerza que gana en cada una de las 577 circunscripciones se lleva el escaño. A ese segundo turno han pasado los partidos que este domingo han obtenido más del 12,5% de los votos en cada circunscripción.
En muchos casos, el duelo del 7 de julio será entre la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y el Nuevo Frente Popular que aglutina a toda la izquierda. Pero la coalición del presidente Emmanuel Macron, Ensamble (Juntos), ha logrado la segunda posición en bastantes circunscripciones, razón por la cual ambos bloques son partidarios de retirar a los candidatos que hayan quedado en tercer lugar para frenar a la extrema derecha.
Y es que los resultados de la primera vuelta no permiten esbozar una mayoría clara de ninguno de los bloques y expone el tablero político francés a tres posibles escenarios.
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Las proyecciones de la primera vuelta sitúan al partido de Le Pen, cuyo candidato a primer ministro es Jordan Bardella, en una horquilla de 230 a 280 diputados, por debajo de los 289 escaños de la mayoría absoluta. Si ningún bloque alcanza ese umbral, el órdago electoral de Macron no habría servido para forjar una gobernabilidad más estable y, salvo vuelco en la segunda vuelta, el actual presidente tendría que decidir cómo actuará ante una mayoría que, con toda probabilidad, no será de su partido.
El macronismo contaba hasta ahora con 245 diputados y tenía que pactar todas sus leyes e iniciativas con otras formaciones, sobre todo de derechas, además de verse continuamente amenazado por una posible moción de censura. El alcance de esa hipotética mayoría relativa, si queda más cerca o más lejos de los 289 escaños, será el dato clave para determinar si Bardella podrá formar gobierno, dado que se enfrentaría a una compleja búsqueda de socios.
Hasta ahora el partido de Macron mantenía un cordón sanitario a la ultraderecha, por lo que solo podría intentar entenderse con la derecha moderada. Pero también vetaba a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, uno de los integrantes de la coalición de izquierdas. Eso significa que si fuera el Nuevo Frente Popular el que venciese en la segunda vuelta sin mayoría absoluta, la polarización actual complicaría la gobernabilidad.
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Si gana la extrema derecha con mayoría absoluta, Macron se vería obligado a lo que se conoce como una cohabitación con un primer ministro de otro partido hasta las próximas elecciones presidenciales de 2027. Aunque la Constitución francesa no lo explicita, el presidente estaría obligado a nombrar a un jefe de gobierno del nuevo bloque mayoritario y vería muy limitado su margen de maniobra.
Lo mismo sucedería si la izquierda da el vuelco y obtiene mayoría absoluta, aunque el Nuevo Frente Popular no ha resuelto aún la espinosa designación de su candidato a primer ministro, sobre la que planea la sombra de Mélenchon. Pero otros dos miembros de la coalición, el Partido Socialista y Los Ecologistas, son partidarios de que candidato sea elegido a través de una votación del conjunto de los diputados electos del frente izquierdista.
Más allá de algunas prerrogativas exclusivas como la posibilidad de someter un proyecto de ley a referéndum o actuar como garante de las instituciones, el presidente de la república tiene competencias en el terreno de los asuntos exteriores y de la defensa, pero debe compartirlas con el Gobierno, que es el que, en última instancia, tiene la llave de la caja a través de los presupuestos.
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Finalmente, si el bloque ganador se queda muy lejos de la mayoría absoluta y el segundo y el tercer bloque tampoco suman los 289 escaños, el país podría verse abocado a un bloqueo inédito en la democracia francesa, ya que gobernar sería prácticamente imposible. Macron podría recurrir en ese caso a algo igualmente insólito: designar como primer ministro de perfil técnico e independiente de consenso para poder aprobar algunas leyes de urgencia. Esta parálisis podría durar al menos un año, ya que el presidente no puede volver a convocar elecciones legislativas en 365 días.
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