El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado este jueves el acuerdo de bancarrota de Purdue, la farmacéutica que con el OxyContin hizo detonar la epidemia de los opioides que sigue consumiendo al país, un pacto que daba miles de millones para las víctimas y para combatir la crisis pero también blindaba a la familia Sackler de futuras demandas.
Ninguna decisión que hubiera adoptado el Supremo en este caso habría contentado a todos, pues el acuerdo, aunque apoyado por los fiscales generales de 50 estados y por miles de familias de víctimas de sobredosis y adictos, era controvertido al crear ese escudo para los Sackler, que personalmente no se han declarado en bancarrota.
Esa división se ha reflejado también en el Alto Tribunal, donde frente a una mayoría de cinco jueces otros cuatro (dos conservadores y dos progresistas) han mostrado su disenso. Pero finalmente la sentencia obliga a volver a la casilla de salida y negociar otro acuerdo diferente.
El caso
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Purdue, la empresa que impulsó la propagación del uso de OxyContin engañando sobre su potencial de abuso tanto a reguladores como a médicos y pacientes, ya se declaró culpable en 2007 de cargos penales federales por esos engaños. En 2014 empezó a enfrentar un torrente de demandas, con el país ya sumido en una crisis de adicción, que mutó desde esos fármacos con recetas a otros opioides, incluyendo la heroína y el que ahora consume EEUU, el fentanilo.
A día de hoy, cerca del 76% de las más de 100.000 muertes anuales por sobredosis en EEUU las producen opioides y unos 2,7 millones de estadounidenses sufren de la adicción a esas drogas.
Purdue se acogió a las leyes de bancarrota para reestructurarse en 2019, y para entonces los Sackler ya acumulaban cerca de 400 demandas en su contra.
En 2021 se alcanzó un acuerdo de reestructuración por el que la farmacéutica aceptaba disolverse y dar miles de millones de dólares tanto a las víctimas y a familias como a estados, localidades y tribus afectadas por la epidemia para combatirla y tratar de prevenir su propagación. Después de que un juez lo tumbara los Sackler añadieron más dinero al acuerdo, comprometiéndose a dar hasta 6.000 millones en 18 años, y partes que hasta entonces objetaban lo aceptaron y la última versión del pacto recibió luz verde de un tribunal de apelaciones en mayo del año pasado.
Una oficina del Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden, no obstante, pidió que se revisara, asegurando que el acuerdo representaba un “abuso del sistema de bancarrota” por el escudo para la familia Sackler. El Supremo aceptó el verano pasado estudiar el caso, poniendo en pausa el acuerdo mientras lo hacía.
En diciembre, cuando se celebró la vista sobre el caso, ya se evidenció la división entre los magistrados. Y los que se oponían a tumbar el acuerdo lo veían como una solución práctica: “Es abrumador el apoyo a este acuerdo, y entre gente que cree que los Sackler son básicamente la peor gente sobre la faz de la tierra”, dijo entonces la jueza Elena Kagan, una de las que este viernes ha estado en la minoría.
“Una decisión devastadora”
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Esa opinión de disenso la ha firmado el juez Brett Kavanaugh, que ha tildado la decisión de la mayoría de “devastadora para las víctimas y sus familias”. “Se quedan ahora sin el sustancial cobro monetario por el que tanto habían luchado y que finalmente se habían asegurado tras años de litigación”, ha escrito. “A las comunidades devastadas se les quita la financiación necesaria para prevenir y tratar la adicción a los opioides”.
Kavanaugh también asegura que al tumbar el acuerdo “cada víctima y acreedor recibe lo que esencialmente es un boleto de lotería para quizá un futuro cobro para, como mucho, unos pocos de ellos. No hay razón para creer que ninguna de las víctimas o estados y gobiernos locales cobrarán nada”, ha escrito antes de mostrar su desacuerdo con la mayoría “respetuosa pero enfáticamente”.
Es una idea similar a la que ha expresado en un comunicado Edward Neiger, que representa a miles de víctimas que podrían haberse beneficiado del acuerdo, que repartía 750 millones de dólares entre esas víctimas individuales, con compensaciones de entre 3.500 y 48.000 dólares. Neiger ha dicho que la decisión del Supremo representa “un significativo retroceso para las familias que han perdido a seres queridos por sobredosis y para aquellos que batallan la adicción”. “Las víctimas han sido abandonadas por todas las ramas del gobierno”, ha denunciado.
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La decisión del Supremo, además, puede tener consecuencias no solo en este caso concreto. El tipo de acuerdo que Purdue había alcanzado y que protegía a la familia Sackler se ha hecho cada vez más común en litigios. Un escudo similar, por ejemplo, está en el caso contra los Boy Scouts por abusos sexuales.
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2024-06-27 17:01:34
