El Gobierno aprieta para conseguir que catalán, gallego y euskera sean admitidos como lenguas oficiales en las instituciones europeas. Un compromiso que adquirió el PSOE con Junts per Catalunya, que permitió desbloquear el arranque de la legislatura y que se plasmó en una carta a l UE del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, formalizando la petición.
El jefe de la diplomacia española ha enviado este martes un telegrama a los embajadores españoles en las capitales de los 26 países de la Unión Europea en el que les pide que “hagan gestiones formales al más alto nivel” para que las tres lenguas entren en el régimen lingüístico de la Unión Europea. La comunicación interna del Ministerio, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, detalla también algunas tareas concretas que han de llevar a cabo los diplomáticos españoles.
Deben dirigirse tanto a las oficinas de los primeros ministros como a los propios ministros de Asuntos Europeos que participen en el Consejo de Asuntos Generales, que es el órgano de la UE que dirime la entrada de nuevas lenguas en el corpus europeo. Harán entrega de una carta dirigida por el propio ministro Albares a sus homólogos, “acompañada de una traducción de cortesía”.
En esa misiva, el ministro recuerda que el pasado mes de septiembre España presentó una propuesta para incluir catalán, gallego y vasco en el Reglamento 1/1958 por el que se fijan las lenguas de uso en las instituciones de la Unión. Esa cuestión se define como “prioritaria” para nuestro país, ya que “forma parte de la identidad nacional española, inherente a nuestras estructuras fundamentales, políticas y constitucionales”. El ministro se ofrece a “seguir trabajando” con cada uno de los ministros de Exteriores sobre el asunto.
El Gobierno culpa al PP
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El asunto de las lenguas no ha conseguido sustanciarse siete meses después de la carta de Albares a la Comisión, tras varios bloqueos de países miembros.
“Si el PP quisiera, mañana mismo, en la mesa del Parlamento Europeo podríamos convertir en lengua de trabajo el catalán, el euskera y el gallego”, dijo este lunes en Bruselas el ministro español ante los medios. “Si nos ayudan a seguir explicando mejor a los países representados en el Consejo de su familia política, podríamos conseguir también esa oficialidad”.
Los últimos países que han expresado dudas sobre la iniciativa española son Suecia y Finlandia. Ambos están gobernados por coaliciones de derecha con formaciones del Partido Popular Europeo.
El Partido Popular se opuso a la iniciativa que llevó a aceptar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento español, porque “implica desplazar al castellano como lengua oficial”, según repiten en Génova. Y porque se trataba, decían, de un pago político a los independentistas para garantizar el apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. “No creo que ahora mismo sea el asunto número uno que necesitemos discutir, nuestro principal problema”, dijo en octubre el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, culpa también a los populares de que hasta ahora no se haya conseguido la oficialidad del catalán en la UE.
El telegrama de Albares llega mientras los partidos catalanes se preparan para las elecciones adelantadas del próximo 12 de mayo.
16 puntos en defensa de catalán, gallego y euskera
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El argumentario que deben defender los embajadores se especifica en un segundo documento adjunto también al telegrama. Un memorando de 16 puntos que es el mismo que ha presentado el secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, este martes en Bruselas, durante cerca de diez minutos, informa Silvia Martínez.
El primer punto va dirigido a ahuyentar los recelos de algunos de los Veintisiete ante la posibilidad de que abrir la puerta a las lenguas españolas provoque un aluvión de peticiones. “Las características específicas del caso español harán que no sirva de precedente para otros casos”, dice el memorando. “La propuesta española no pretende crear nuevos derechos, ni ahora ni en el futuro. Más bien pretende poner fin a una situación extraordinariamente anómala en el contexto lingüístico de la UE”.
A día de hoy la Unión Europea reconoce como oficiales y de trabajo 24 idiomas. Hay reticencias por los posibles problemas legales o la carga económica de la propuesta española. El Gobierno de Sánchez ha sugerido correr con los costes de hacer oficial en la UE el catalán, el euskera y el gallego, para lo que se requerirán decenas de traductores.
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El texto prosigue defendiendo que las lenguas como valor cultural del continente europeo están protegidas tanto en el Tratado de la Unión Europea como en la Carta de Derechos Fundamentales. Se trata, subraya el Gobierno español, de proteger aspectos claves de la identidad nacional española. “Catalán, Vasco y Gallego son lenguas cooficiales con raíces históricas profundas y un elevado número de hablantes”, se lee en el documento. Tienen “un lugar destacado en la Constitución española”, que defiende en su preámbulo los derechos culturales, tradiciones y lenguas de las Comunidades Autónomas, “en línea con un sistema altamente descentralizado”.
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