La veneración al periodista en Estados Unidos se recoge en la Primera Enmienda. Es la única profesión, además de la de jurista, que está protegida por la Carta Magna. Sin embargo, los problemas de Julian Assange empezaron al considerar que su uso de las filtraciones traspasó la a veces fina línea entre el periodista y el ‘hacker’ o activista, lo que le colocó bajo la Ley de Espionaje, que persigue de forma implacable los intentos de adquirir información relacionada con la defensa del país, consideradas peligrosas o desleales.
El caso parece terminar ahora tras el acuerdo entre Assange y el Departamento de Justicia de EEUU, pero el desgaste del largo proceso judicial marca un antes y un después en las filtraciones, ahora algo menos probables por el efecto disuasorio de este caso venido a moraleja. A continuación, cinco claves para entender las implicaciones de este caso para la libertad de prensa a nivel internacional:
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El terremoto de WikiLeaks tuvo lugar en 2010 con la filtración de miles de documentos que contenían informes militares y diplomáticos clasificados sobre las guerras en Afganistán e Irak y que sacaban a la luz crímenes de guerra cometidos por EEUU.
“Los estados pueden custodiar información confidencial pero el ciudadano tiene derecho a saber si su gobierno está infringiendo los derechos humanos”, explica a EL PERIÓDICO Dani Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional en Catalunya.
El primer vídeo en publicarse, en abril de 2010, fue de un ataque aéreo de un helicóptero estadounidense que mató a civiles en Bagdad. Le siguieron más de 91.000 documentos secretos del Ejército estadounidense en Afganistán y unos 400.000 de la guerra en Irak. La primera publicación se hizo en coordinación con cabeceras internacionales como ‘The New York Times’, ‘Le Monde’, ‘The Guardian’, ‘Der Spiegel’ y ‘El País’. Pero a Assange no le gustó que los medios redactaran sus propias noticias en lugar de compartir la información en bruto, por lo que decidió romper con sus socios de publicación y hacer un volcado en bruto de la filtración.
Los documentos incluían nombres propios de diplomáticos y líderes de gobiernos extranjeros, y revelaban el espionaje por parte del Ejecutivo estadounidense a países extranjeros y casos de corrupción, y sacaron a la luz torturas en la prisión de Guantánamo y de Abu Ghraib.
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Los primeros cargos presentados contra Assange en 2010, poco después de las filtraciones, no fueron de espionaje sino de supuestos abusos sexuales en Suecia, uno de los países del mundo con unas leyes más estrictas para los delitos de violación. Assange alegó que el encuentro fue consentido y que se estaba utilizando como caza de brujas.
El fundador de Wikileaks fue llamado a declarar mientras vivía en Londres y decidió no acudir a la cita, temiendo la extradición a Estados Unidos una vez en manos de la justicia. Sin embargo, el Reino Unido se ofreció entonces a extraditarlo a Suecia, por lo que Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012.
“El largo proceso judicial ha mermado la libertad de prensa en todo el mundo. El mensaje que ha lanzado Estados Unidos es de desalentar las filtraciones y así ha sido”, apunta Vilaró desde Amnistía, organización que siempre ha defendido la retirada de todos los cargos.
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Assange estuvo siete años en un pequeño despacho de la embajada ecuatoriana, reconvertido en dormitorio que compartió con su gato. Desde su minúsculo balcón se dirigió a los simpatizantes en varias ocasiones y hasta celebró ruedas de prensa.
Sin embargo, la convivencia en la embajada no fue fácil. Assange sufrió problemas de salud mental, incluidos estrés y depresión, y sus conductas erráticas causaron la desazón de los empleados. En 2019, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, proclamó el fin del asilo diplomático para Assange de forma abrupta y dio permiso a la Policía Metropolitana de Londres para entrar en la embajada de Ecuador.
Esto supuso una continuación de las campañas de desprestigio y hostigamiento que forman parte de un “ensañamiento”, apunta la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, Edith Rodríguez Cachera. “No se trataba de si Assange te cae bien o mal, sino de defender una causa justa”, dice Rodríguez. “Al principio estábamos solos defendiéndole pero el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que estábamos en el lado correcto”, añade.
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En abril de 2019, ya sin asilo, Assange fue detenido y llevado a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres. Poco después los fiscales suecos suspendieron su investigación por abusos sexuales.
Solo entonces, el Departamento de Justicia de EEUU, bajo la administración de Donald Trump, formalizó sus cargos contra Assange, acusándolo de dirigir y ayudar a la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning a obtener miles de documentos clasificados, una “conspiración” que puso en peligro la seguridad nacional, alegaron. Manning, que ya había sido condenada a 35 años de prisión por espionaje, fue liberada en 2017 gracias a que el presidente Barack Obama conmutó su pena tras siete años entre rejas.
La batalla de las extradiciones viró entonces hacia Estados Unidos, donde los nuevos cargos excedían con creces los anteriores y le podían valer prisión de por vida. Un juez británico rechazó a principios de 2021 la petición de Estados Unidos para extraditar a Assange debido al impacto en su salud mental, pero a final de año, EEUU consiguió que cancelaran tal sentencia. La defensa de Assange inmovilizó el caso en el circuito de apelaciones del Reino Unido, hasta el acuerdo anunciado este lunes entre Assange y el Departamento de Justicia, ahora bajo el mandato de Joe Biden, y que ha culminado en su liberación ahora.
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El acuerdo ha sido recibido con alivio y hasta celebración por parte de organizaciones internacionales. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó la liberación de Julian Assange como una victoria significativa para el derecho a informar y a ser informado. “Desafortunadamente, en los países donde la libertad de prensa no está protegida, sí que es posible que ocurran casos similares, por lo que es imprescindible que se legisle para proteger la libertad de prensa, los derechos de los periodistas y, por supuesto, el derecho del público a saber”, explica a EL PERIÓDICO Natàlia Queralt de la FIP.
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“El intento de procesamiento de Julian Assange proyecta una oscura sombra sobre los periodistas”, añade Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, organización que ha llevado a cabo una campaña para la liberación de Assange, con protestas delante de la prisión de Belmarsh, donde se encontraba preso. “Si Assange hubiera ido a la cárcel para el resto de su vida, cualquier reportero al que se le entregara un documento clasificado temería enfrentarse a un destino similar”.
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#阿桑奇案从维基解密地震到新闻自由的裂缝
2024-06-25 15:16:25
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